Acabo de leer un artículo de Ana Montes, “La víctima acudió a la cita”, en la que relata su asistencia a un evento de Fundación Vía Libre, durante el cual Julio Raffo presentó su proyecto de ley de reforma de la ley 11.723. Se trata de un proyecto del que espero no ser del todo inocente: tengo la ilusión de que mis charlas con Julio hayan contribuido a su gestación, y él tuvo la gentileza de compartir conmigo los primeros borradores.
Es público y notorio que Estados Unidos hace tiempo que está usando estrategias dignas del matoncito del recreo para lograr que en todo el mundo se acepten las mismas patentes de software que están impidiendo la innovación en su propio territorio.
Muchos países (entre ellos la misma Unión Europea) optan por no contrariarlos, pero el comparativamente diminuto estado de Nueva Zelandia acaba de proponer una ley que claramente excluye al software de la posibilidad de patentamiento.
Cada vez que participo en una discusión acerca de las restricciones a la importación de tecnología informática, invariablemente aparece alguien que sale con “loco, hay cosas más importantes que tener el ultimo iPhone” o “pero se nos va la vida en dólares si dejamos que la gente se compre iPhones”. Es un argumento un tanto tramposo, porque trivializa la cuestión: estábamos hablando de la imposibilidad de conseguir herramientas avanzadas, y de golpe estamos en el terreno de los chiches o “artículos de lujo”.
Hoy asistí a la conferencia “Desmitificando Tierra del Fuego. Sustentabilidad del Modelo industrial Electrónico”, dictada por René Ceballos, un ingeniero que hace 24 años que vive y trabaja en la isla.
Me enteré de cosas interesantes, efectivamente destronando prejuicios como que el que dice que en Tierra del Fuego (“la Tierra del Fuego“ decía siempre René) sólo se hace un ensamblaje muy primitivo: vimos videos de la producción de las máquinas del Programa Conectar Igualdad, partiendo de un circuito impreso desnudo y llegando a la máquina completa, pasando por la aplicación de pasta de estaño, la colocación de componentes, la soldadura, las etapas de verificación óptica… Si algo se puede decir de la charla, es que me hizo morir de envidia viendo los juguetes con los que esta gente trabaja.
Para quienes impulsamos el software libre como una causa política, el Programa Conectar Igualdad ha sido una amarga decepción, sobre todo por la decisión de equipar a las máquinas con Microsoft Windows, que llevó a Richard Stallman a rebautizarlo como “Condenar a Maldad”. De esa manera, la enorme inversión que el Estado hace en el programa sirve de presupuesto de mercadeo para Microsoft, que llega así a millones de nuevos usuarios, muchos de los cuales nunca antes usaron una computadora.
El Diario judicial decía hace unos días que “En la era de Internet, los jueces no cazan una”. Con la ayuda del Sr. Sergio Leonardo Rodríguez, Director de Asuntos Penales y Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Sra. María José Pérez, Coordinadora de Actuaciones Penales de la ANSES, el Dr. Luis Eduardo Rodríguez, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 parece querer erigirse en un ejemplo de esta situación, al ordenar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a páginas web que explican cómo desbloquear las notebooks del plan Conectar Igualdad.
El título suena a exabrupto mío, pero no: es la “nota de fondo” del 9/11/2012 en el Diario Judicial. La directora, Analía Zygier acaba de convertirse en mi heroína de la semana.
Dos perlas de sabiduría del artículo, una sobre los jueces:
Es difícil decidir sobre algo que no se conoce o sobre lo que no se entiende demasiado. Pero aún peor es que por el uso cotidiano que se le da actualmente a la tecnología (cualquier abogado de hoy maneja un procesador de texto y se conecta habitualmente a Internet) genera cierta comodidad engañosa que permite que los jueces estén fallando “por boca de ganso”.
A ningún magistrado se le ocurriría decidir sobre temas médicos sin consultar a peritos especialistas en la materia, pero por ser usuarios habituales de Internet (quién no entró en Google alguna vez) sienten que con una mera analogía basta y sobra para entender en este tipo de asuntos.
Tengo cuenta en el banco HSBC. Hoy, usando el sistema de banca electrónica, me entero de que ofrecen una aplicación Android para hacer varios trámites desde el celular. No me gusta la idea de correr software del banco en mi celular, pero teniendo en cuenta que ya le confío al banco mi dinero, y que Android tiene un modelo de seguridad bastante bueno, consideré la posibilidad de instalarlo.
Como soy bastante consciente de la salvaguarda de mi intimidad, siempre verifico los permisos que las apps piden antes de instalarlas, y me encontré con que esta aplicación exige acceso irrestricto a la red (comprensible, de lo contrario no podría funcionar, aunque estaría bueno que Android nos diera un control más fino que la disyuntiva acceso irrestricto a la red/ningún acceso a la red), pero además quiere permiso para enviar SMS y para leer toda mi agenda de contactos.
No lo digo yo, lo dicen Michele Boldrin y David Levine, profesores de la Washington University en St. Louis, en un working paper que publicaron para el Federal Reserve Bank de St. Louis. El núcleo del argumento, según mi traducción:
Una mirada detenida a la evidencia histórica e internacional sugiere que, si bien es cierto que sistemas débiles de patentes pueden mejorar ligeramente la innovación con efectos colaterales limitados, los sistemas fuertes de patentes retardan la innovación y tienen muchos efectos colaterales negativos. Tanto teórica como empíricamente, la economía política de los sistemas de patentes administrados por el gobierno indica que las legislaciones débiles generalmente evolucionan hacia una protección fuerte, y que la demanda de protección más fuerte de las patentes viene de industrias y empresas viejas y estancadas, no de las nuevas e innovadoras. Así, la mejor solución es abolir completamente las patentes a través de medidas constucionales fuertes y buscar, cuando haya evidencia clara de que la libre competencia no está proveyendo suficiente innovación, otros instrumentos legislativos menos abiertos al lobby y a la búsqueda de renta para fomentarla.
La última vez que escribí sobre la Cruzada para Tipificar el Delito de Suplantación de Identidad Digital terminó armándose un lindo (bueno, al menos acalorado) debate, tanto en este sitio1 como en el sitio de los que la proponen.
Luego de muchas idas y vueltas, terminamos en que la única acción de estas personas caracterizan como “robo de identidad digital” que no es ya delito por otras razones (estafa, robo, etc.) corresponde a aquellos casos en los que algún individuo se hace pasar por otro (ponele, un político) en foros digitales y postea cosas desde esa identidad asumida, lo que podría afectar su reputación.